Educación y Protección al Consumidor

El referido programa se centra en lo que debe considerarse la columna vertebral del derecho del consumidor: la educación y protección a consumidores y usuarios.

Ambos derechos tienen en la República Argentina raigambre constitucional, ya que se encuentran expresamente consagrados por el artículo 42 de nuestra Carta Magna.

Asimismo, las directrices para la protección del consumidor de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de abril de 1985, señala como uno de los derechos el de ser educado como consumidor.

En cuanto concierne a este fundamental derecho, su objetivo principal radica en la preparación de niños, jóvenes y adultos para trabajar activamente en la solución de los problemas de seguridad, calidad y accesibilidad que se les presentan en sus relaciones cotidianas de consumo en el mercado de bienes y servicios, problemas que se les presentan en el marco de una determinada realidad económica, social y política de la cual las personas, en su carácter de consumidores, forman parte.

Estamos, por tanto, frente a una propuesta educativa que nos plantea la transformación de los consumidores, en tanto objetos pasivos en su rol de protagonistas activos de las relaciones de consumo; ello con el objetivo de mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo económico, a la equidad social y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Respecto a la protección de los derechos de consumidores y usuarios, debemos ser concientes de llevar a cabo permanentemente todas las acciones necesarias para exigir el cumplimiento tanto de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, de la Ley N° 13.133 de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley N° 13.133 de la Provincia de Buenos Aires, como así también de las demás normativas existentes al respecto.

De igual modo, debe bregarse por exigir de las autoridades correspondientes las acciones preventivas o sancionatorias a los proveedores de bienes y servicios que se aparten de las obligaciones vigentes en la materia, como así también para que se dicten y/o actualicen en el futuro nuevas disposiciones que contribuyan a una efectiva protección de nuestros derechos